¿esto sucede en Piura o Palestina?

Como diría el propio autor, estamos en las antípodas del director del medio fujimorista La Razón; sin embargo ante la editorial de hoy, saludamos su protesta por el abuso de la minera Majaz y la PNP en la serranía de Piura.

Opinión de Uri Ben Schmuel

Los lectores de esta columna están al tanto de nuestra desconfianza hacia las ONG de derechos humanos y ecologistas. En su mayoría se dedican, unas, a perseguir y satanizar a los militares y a hacerle el juego a los terroristas y, otras, a sabotear la inversión minera y petrolera con el cuento de la defensa del medio ambiente. También hemos dejado en claro nuestra posición respecto a los actos vandálicos mal llamados “protestas sociales”, que incluyen bloqueo de carreteras, agresión a las fuerzas del orden y destrucción de propiedad pública y privada, y a la necesidad de que las fuerzas del orden sean respaldadas en su misión de defender el Estado de Derecho.
Pero todo esto, sumado a la convicción de que solo es posible que el Perú despegue con una economía de mercado y el respeto a la libre empresa, no significa que avalemos actos de prepotencia empresarial y policial ante los cuales es imposible permanecer indiferentes.


Por eso, queremos sumarnos a la denuncia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y a las protestas, lamentablemente escasas (apenas un artículo en El Comercio, otro en La República y algunos comentarios en blogs como Desde el Tercer Piso, de donde hemos tomado la espantosa foto que ilustra esta columna) ante los abusos cometidos por la minera Majaz y malos elementos policiales contra un grupo de comuneros piuranos. Ellos se oponían –equivocadamente, creemos– al emprendimiento minero. Pero protestaban pacíficamente y sin embargo los vejaron de manera espantosa. Y la protesta pacífica, a diferencia de las otras, es un derecho constitucional.

Después de ser atacados con gases lacrimógenos y golpeados brutalmente por la Policía, 29 personas, dos de ellas mujeres, fueron secuestradas tres días por elementos de seguridad de la minera. Los encerraron en el campamento y los torturaron física y psicológicamente. Fueron amarrados y encapuchados y a las mujeres las vejaron sexualmente. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido desde que se produjo este atropello, que además causó la muerte de un comunero por herida de bala, la fiscalía provincial se ha hecho de la vista gorda.

Hechos como este no pueden quedar impunes. No solo por elemental sentido de justicia sino porque tales conductas minan la confianza ciudadana en la democracia y en el modelo económico y sirven de caldo de cultivo a las corrientes antisistema. A los malos elementos de la PNP y a la minera Majaz debe caerles en consecuencia todo el peso de la ley.

-Estamos en la antípoda de la línea editorial del diario La Primera. Sin embargo, sirvan estas líneas para expresar nuestra solidaridad al colega Raúl Wiener. Ni la Fiscalía, ni mucho menos la Policía, pueden citar a un periodista para que revele sus fuentes de información. Los fiscales y policías involucrados deberían irse a trabajar a Cuba o a Venezuela.