¡MIRA QUIÉN HABLA!!

Una de las pugnas más feroces que se ha visto en nuestro foro criollo ha sido la rencilla legal y personal entre dos de las abogadas más arteras que haya conocido nuestro mundillo jurídico y que da pie en bola a aquella frase shakesperiana de que si quieres ver feliz al mundo: Primero matemos a los abogados (das)!!!...como sabemos tales féminas se trenzaron en uno de los procesos más sucios que haya conocido nuestra barra: la posesión del alicaído y manchado medio llamado Panamericana Televisión. Por un lado; la verborreica Beatroz Mejía, abogada de "el padrino" Genaro, y por el otro Rosario Fernández abogada del mafioso comprobado Ernesto Shutz Landázuri; cualquier profesor de deontología forense o ética abogadil debe tomar este caso como el anti-paradigma, de lo que nunca debe hacer un abogado honesto. Pero bueno...esto quedaría en el infame olvido o en la antítesis de la moral del CAL. Pero no es tan sencillo, estas damas feroces violentaron como nadie esa noble institución jurídica, ese remedio casi heroíco contra el abusos como lo es el amparo. Creando carruseles de medidas cautelares, con resoluciones delivery, comprando jueces...en suma, haciendo del derecho la más innoble de las profesiones.
Pero vueltas que da la vida, la segunda de las nombradas es ahora ministra de justicia y pregona muy oronda sobre el respeto a la legalidad, a medir del abuso que se hace del amparo ¿con qué moral charito?, lo mejor hubiese sido que alguien con más calidad moral que la susodicha nos ampare ante este desguisado de la jueza Salinas ¡no lo creen estimados lectores??



La ministra de Justicia, Rosario Fernández, solicitó formalmente a la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) del Poder Judicial una inmediata intervención ante la existencia de pronunciamientos judiciales a través de los cuales se aprueban medidas cautelares por las que se decretan ascensos provisionales de policías. Por ello, Fernandez denunció ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) a la jueza Alicia Salinas Larrivior por dictaminar una medida cautelar que ascendía provisionalmente a un oficial de la Policía Nacional del Perú.

La magistrado Alicia Salinas Larriviere, jueza del 9ª Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, mediante una medida cautelar ordenó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú (PNP) ascender provisionalmente al coronel PNP Juan Marcelino Santibáñez Marín al grado de general.

Fernández aseguró que dicha magistrada contravino así la Constitución, debido a que el artículo 172º de la Carta Política del Perú señala que el presidente es quien otorga los ascensos en la PNP y las Fuerzas Armadas.

La titular del Ministerio de Justicia (Minjus) acudió a la OCMA en compañía del procurador Pedro de las Casas, encargado de los judiciales del Ministerio del Interior, a raíz de la existencia de varios procesos judiciales en donde "escandalosamente, ilegalmente, inconstitucionalmente se han dictado medidas cautelares mediante las cuales se otorgan ascensos por vía de medida cautelar".

Fernández acudió a dicha oficina tras conocer que el procurador de las Casas entabló una queja verbal contra la magistrado también por la reincorporación y ascenso de otros suboficiales y oficiales de la PNP.

"La OCMA recibió esta denuncia el primero de abril del presente año; estamos dos de junio y hasta la fecha no tenemos ningún resultado", dijo Fernández quien detalló que existen 25 procesos interpuestos por policías que no fueron ascendidos ante los juzgados de Lima.

"De esos 25 procesos, curiosamente 16 han ido a parar en un solo juzgado el 9º Juzgado de Lima (Especializado en lo Contencioso Administrativo) que está despachado por una jueza provisional, la doctora Alicia Salinas Larriviere", explicó.

Fernández señaló que ha pedido a la OCMA que de inmediato proceda a realizar todas las diligencias y gestiones necesarias que hagan realidad el derecho de los justiciables, que en esta ocasión es el del Ministerio del Interior el afectado.